RESPALDO JUDICIAL. El juez archiva la querella contra la Junta de Gobierno del Colegio de Fisioterapeutas

12 de Julio de 2013

El magistrado resuelve “con la mayor contundencia” que “no se aprecia ánimo tendencial de clase alguna” y que “no se cumple ninguno de los elementos objetivos que integran el delito de prevaricación administrativa” que motivaron la querella

El Juzgado de Instrucción nº 4 de Sevilla ha dictado un auto con el sobreseimiento y archivo de la querella iniciada por el colegiado Francisco Manuel Cruzado Muñoz contra el Presidente y demás miembros de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía (ICPFA) por un presunto delito de prevaricación.

 

 En su Auto, el Juez resuelve “con la mayor contundencia” que no concurren “ni los elementos objetivos ni subjetivos de los delitos que motivan el ejercicio de la acción penal” y concluye que en el caso estudiado “no se aprecia ánimo tendencial de clase alguna”. Además, el magistrado considera que en este caso no se cumple “ninguno de los elementos objetivos que integran el delito de prevaricación administrativa, en cualquiera de sus variantes”.

 

Asimismo el Juez recuerda, que por el carácter del derecho penal, solo deben perseguirse “hechos que evidencien trascendencia delictiva, lo que no acontece en este caso”.

 

En este sentido, algunos miembros de la Junta de Gobierno han anunciado que estudian iniciar medidas legales contra el querellante por difamación y calumnias.

 

El hecho denunciado, “que, desde el anonimato, algunos se encargaron de difundir durante meses a bombo y platillo (por redes sociales e incluso de forma calumniosa y difamatoria dirigiendo escritos a otros colegios profesionales, Facultades de fisioterapia y otras entidades) no era más que un error administrativo provocado por cambios en el organigrama de la secretaría general. Una vez detectado el error fue reparado y nunca ha sido ocultado, sino todo lo contrario, se hizo público en los medios colegiales”, asegura Miguel Villafaina, presidente del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía.

 

Villafaina, añade que con la publicación de este auto “se podrá pensar que queda todo aclarado, y así es, pero no es suficiente. ¿Quién responde del daño moral y del constante linchamiento que venimos sufriendo el Presidente y el resto de componentes de la Junta? ¿Quién paga el sufrimiento de nuestras familias, que han visto cómo se ha sembrado la duda sobre la honradez de sus padres, esposos o hijos, etc., y que han sido testigos de cómo por cómo por medios poco nobles se propagaban acusaciones que ahora resultan falsas?, ¿Quién repone el desprestigio causado ante amigos y clientes que han puesto en peligro la honorabilidad de estas personas?”.

 

En este sentido, Miguel Villafaina subraya que “quien se escuda detrás de este tipo de acusaciones sin fundamento no busca hacer justicia ni el mejor funcionamiento de la institución y por eso, seguramente no le importe el daño causado ni que la causa se archive sin más. En su hoja de ruta y en su presunto objetivo de minar la reputación de este presidente, labrada durante más de 40 años, no pasa el cese del linchamiento gratuito al que está siendo sometido”.

 

Además, el presidente Villafaina sostiene que “el siguiente capítulo de este asalto al poder ‘caiga quien caiga’ ha sido demandarme nuevamente por unas declaraciones cuando tras una asamblea mostré mi sorpresa “ante la actitud poco constructiva” y de escaso compromiso de algunos colegiados que se limitaron a rechazar los presupuestos colegiales sin proponer ni aportar alternativa alguna. Concretamente, por estas manifestaciones, los fisioterapeutas José Manuel Bonilla y Francisco Manuel Cruzado solicitan una indemnización de 3.000 euros cada uno por considerar vulnerado su derecho al honor.

 

Por último, desde el Colegio se apunta a que en el origen de este asunto está la intención revanchista del colegiado Francisco Manuel Cruzado, que tiene su origen en la sanción impuesta en su día por el Colegio de Fisioterapeutas por manipular las elecciones a delegado provincial de Málaga en el año 2011. Estos hechos han dado lugar a que el pasado año el Colegio, en el ejercicio de sus obligaciones, interpusiera una querella criminal contra el Sr. Cruzado por los presuntos delitos de falsedad documental y usurpación de identidad, al haber votado en nombre de otros colegiados sin su autorización.

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